El deslinde de 2.249 metros afecta a un tramo del litoral entre la playa dels Cossis y el entorno del barranco d’Aigua Oliva
La Generalitat considera que no se ajusta a derecho y fundamenta su oposición en las alegaciones presentadas durante la tramitación del expediente
La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en varios tramos de costa de Vinaròs y Benicarló, en la provincia de Castellón.
La orden ministerial, de fecha 30 de julio de 2026, afecta a un tramo de litoral de aproximadamente 2.249 metros comprendido entre la playa dels Cossis y el entorno del barranco d’Aigua Oliva.
En este sentido, la Generalitat ha informado desfavorablemente el deslinde durante la tramitación del expediente y ha formulado diversas alegaciones para fundamentar su oposición. En particular, se presentó un informe desfavorable el 10 de marzo de 2026, durante el trámite de audiencia.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha señalado que la Generalitat defenderá a los vecinos afectados y la seguridad jurídica, al considerar que las consecuencias del deslinde pueden ir más allá de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre. “No hablamos solo de una línea en un mapa. Hablamos de viviendas, de patrimonio familiar y de personas que pueden perder su casa”, ha afirmado. “No vamos a mirar a otro lado”, ha añadido, en referencia al compromiso de la Generalitat de defender el derecho de las familias a permanecer en sus viviendas.
Tras la aprobación del deslinde por parte del Ministerio, la Vicepresidencia Tercera considera procedente impugnar la orden ante la jurisdicción contencioso-administrativa, al entender que no se ajusta a derecho.
Con esta autorización, la Abogacía de la Generalitat podrá interponer el correspondiente recurso judicial contra la resolución ministerial.
