Investigado un hombre por provocar por imprudencia un incendio forestal de 46 hectáreas en Benicarló
La Guardia Civil atribuye el origen del fuego, declarado el pasado 22 de junio en la zona del Puig, a unas brasas mal apagadas.
La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia, tras el fuego declarado el pasado 22 de junio en la zona del Puig, en el término municipal de Benicarló.
El incendio se inició alrededor de las 13.30 horas a causa de una hoguera cuyas brasas no habían sido apagadas correctamente. Las llamas se propagaron por la masa forestal y afectaron a una superficie aproximada de 46 hectáreas, generando una importante alarma social y obligando a movilizar a los servicios de emergencia.
La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Guardia Civil de Castellón, en colaboración con la Patrulla del SEPRONA de San Mateo y los agentes medioambientales del Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales, encargados de determinar las causas del fuego.
Los agentes centraron inicialmente sus esfuerzos en localizar el punto de inicio del incendio y, posteriormente, en identificar al presunto responsable de los hechos. Las pesquisas permitieron finalmente identificar al hombre investigado.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Castellón y al Servicio Común Procesal de Asuntos Generales de Vinaròs.
Dentro del Plan Especial de Prevención de Incendios Forestales
La actuación se enmarca en el Plan Especial de Prevención y Actuación en Incendios Forestales, cuyo objetivo es prevenir este tipo de sucesos, reducir su incidencia y, en caso de producirse, investigar los hechos e identificar a sus responsables.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas pueden acarrear importantes consecuencias administrativas, civiles y penales. En función de las circunstancias, las sanciones administrativas pueden alcanzar los 600.000 euros.
Además, los responsables pueden tener que asumir los gastos derivados de la extinción del incendio, las indemnizaciones por los daños ocasionados y las posibles responsabilidades penales que se deriven de los hechos.
