El Partido Popular de Benicarló propone medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, pero la moción no se aprueba a causa de los votos del PSOE y Compromís

En el pasado pleno, el Partido Popular de Benicarló presentó una moción para luchar contra la ocupación ilegal y para mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las Comunidades de Propietarios. 

Según datos del Ministerio del Interior, ha aumentado el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España y ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a domicilios. Aunque existen medidas legales para combatir esta forma de delincuencia, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido la debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa. Nos encontramos con situaciones en las que la ocupación ilegal de una vivienda se produce comportando una alteración de la convivencia de los vecinos de la Comunidad de Propietarios como, por ejemplo, por ruptura de las normas de régimen interno de convivencia, o por realizar actuaciones prohibidas, nocivas o insalubres. Este ámbito, el de la Comunidad de Propietarios, siendo civil, ha quedado hasta ahora sin mención jurídica a propósito de la ocupación ilegal.

Para paliar los perjuicios resultantes de esta lamentable situación, las medidas propuestas tratan de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de flagrante delito, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinados beneficios. Además, las penas deben ser más duras en caso de que se trate de mafias organizadas.También sería conveniente la modificación de la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.

Por supuesto, es importante deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, del fenómeno de la ocupación ilegal al que esta iniciativa responde. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos.

A pesar de la exposición de unas propuestas de acuerdo que consideramos beneficiosas para todos, la moción presentada en el pleno por el Partido Popular de Benicarló no obtuvo los votos necesarios para prosperar, decayendo a causa de la negativa de los concejales del PSPV-PSOE y de Compromís.

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