Destaca que el plan contempla una oficina para la atención a las víctimas, así como un sistema de acompañamiento y asesoramiento legal y psicológico a través de las 37 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y 66 centros JustiProp
Afirma que la ocupación y la inquiocupación son síntomas de la escasez de vivienda y critica la inacción del Gobierno del Botànic, “que no entregó ni una sola vivienda social en ocho años”
Reclama al Gobierno la derogación de la Ley de Vivienda, una normativa que agilice los procedimientos judiciales, protocolos con las FFCCSE para la recuperación exprés de viviendas y desgravaciones de inmuebles ocupados, entre otras medidas fiscales
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas del Ejecutivo valenciano tiene por objetivo “prevenir, combatir y reducir las actividades ilícitas asociadas a la ocupación ilegal”, así como aumentar la seguridad y confianza de los propietarios y reducir problemas de convivencia.
El jefe del Consell ha indicado que esta iniciativa responde “al elevado grado de alarma social, desconfianza y deterioro de la convivencia y del mercado de la vivienda” que está provocando la ocupación, para el que es necesario dar “una respuesta coordinada, realista y eficaz, pero también sensible con la realidad social”.
En este sentido, ha señalado que en los últimos catorce años “el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en España se ha multiplicado por seis, al pasar de 2.702 en 2010 a 16.426 en 2024”, unos datos equiparables a los de la Comunitat Valenciana, que “ha pasado de 277 denuncias en 2010 a 1.767 en 2024”.
Para dar respuesta a este problema, el Consell está elaborando un plan transversal en el que están implicadas la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; la de Justicia y Administraciones Públicas, y la de Emergencias e Interior, además de la de Sanidad.
El president ha explicado que esta medida contempla la creación de una oficina de atención a las víctimas de ocupación, que comenzará a funcionar en las próximas semanas, y “que contará con un sistema de atención telefónica para la asistencia inmediata a través del teléfono 012”.
Gracias a este plan “se ofrecerá asesoramiento personalizado y profesional de letrados, psicólogos y trabajadores sociales a los propietarios a través de la red de 37 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y a los 66 centros JustipProp que tenemos en los ayuntamientos de las tres provincias”.
Acompañamiento legal y psicológico
En este sentido, el jefe del Consell ha puesto en valor que las víctimas de ocupaciones, que suelen presentar importantes cuadros de estrés, ansiedad y frustración, “tendrán un acompañamiento desde el primer momento”, desde estos centros, cuyos trabajadores se han estado formando durante los últimos meses en este aspecto.
Asimismo, ha explicado que también se ha formado de manera especializada a los abogados que atienden a las víctimas, tanto de manera legal como psicológica, y que se elaborarán protocolos antiocupación para las actuaciones de policías y empleados públicos, de la mano del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía.
Otras medidas que incluye el plan son la redacción de una Guía Informativa sobre cómo prevenir la ocupación y cómo actuar ante ella, que se promocionará a través de los Ayuntamientos con la participación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y a través de 012, y la firma de un acuerdo con los administradores de fincas “para difundir un protocolo de actuación ante situaciones de ocupación o inquiocupación”, ha agregado.
Además, ha destacado que se formará a los policías locales y autonómicos a través del IVASPE para la asistencia inmediata ante delitos flagrantes de ocupación, y que se creará una conexión telemática “que permita a los funcionarios de la Generalitat y a la Policía conocer al momento quién es el titular del inmueble ocupado ilegalmente para agilizar el proceso de desalojo”, gracias al acuerdo con el decanato de los Registradores de la Propiedad de la Comunitat Valenciana.
Otra de las medidas previstas es articular un sistema de coordinación con los Servicios Sociales para valorar posibles situaciones de vulnerabilidad, ha indicado Mazón, quien ha destacado que con este plan “desplegamos al máximo todas las competencias de la Generalitat”. No obstante, ha añadido que “se puede y se debe hacer mucho más”, pero que compete Gobierno central y a las Cortes Generales.
Reclamación al Gobierno
Carlos Mazón ha señalado que hace dos años, al llegar al Consell, “nos encontramos que más del 10% de las viviendas del parque público valenciano estaban ocupadas”, más de 1.800 de 15.000. Una situación, ha dicho, que el Gobierno anterior “no hizo nada para evitar o corregir y para lo que ahora vamos a poner solución”.
Ante esta situación ha propuesto al Gobierno central y a las Cortes Generales una serie de medidas, como la derogación de la Ley de Vivienda que, según ha dicho, “ha sacado a decenas de miles de viviendas del parque de alquiler por miedo, y que ofrece más seguridad jurídica al ocupante que al propietario”.
Asimismo, el president ha reclamado reformar la normativa “para agilizar los procedimientos judiciales y evitar el calvario procesal que tienen que pasar los propietarios”, reduciendo, por ejemplo, los plazos en los juicios verbales de desahucio.
Otras medidas solicitadas son el refuerzo de la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar las intervenciones inmediatas y la habilitación de un protocolo que coordine su trabajo para poder iniciar el proceso de recuperación exprés, o la introducción de desgravaciones a la propiedad de inmuebles ocupados sometidos a procedimientos judiciales, entre otras medidas fiscales.
Vivienda, prioridad para el Consell
El jefe del Consell ha indicado que tanto la ocupación como la inquiocupación son “los síntomas más graves del problema de la escasez de vivienda”, tanto para la venta como para el alquiler. En este sentido, ha comentado que el anterior gobierno del Botànic “no entregó ni una sola vivienda social y torpedearon con saña los desarrollos urbanísticos”.
Por su parte, la acción del Gobierno central, ha añadido, “ha provocado inseguridad jurídica en los promotores, ha limitado la capacidad de los ayuntamientos para obtener suelo finalista y ha desalentado a los propietarios para ofertar viviendas en el mercado de alquiler”.
La actitud del Gobierno contrasta con la acción del Gobierno de la Generalitat, para quien la vivienda es uno de sus ejes prioritarios, ha manifestado el president, quien ha puesto en valor algunas de las medidas desarrolladas a lo largo de esta legislatura, como la puesta en marcha del Plan Vive, rebajas fiscales, avales a jóvenes y licitación de vivienda protegida, entre otras.
