La Diputación de Castellón apuesta por reforzar el servicio de mediación de la vivienda y evitar nuevos desahucios en la provincia

  • La Diputación firmará un convenio con el Colegio de Abogados y seis municipios “para encontrar soluciones consensuadas que eviten la pérdida de su lugar de residencia”, detalla José Martí
  • Patricia Puerta destaca que el derecho a la vivienda “es fundamental y lo tenemos que ejercer y proteger, como así lo marca la Constitución”

Castelló, 02.04.2021. La Diputación de Castellón renovará este 2021 su convenio con el Colegio de Abogados y los ayuntamientos de Castelló de la Plana, Vila-real, Borriana, Onda, Benicarló y Vinaròs para reforzar la presencia en el territorio de la red de oficinas de asesoramiento y mediación en reclamaciones hipotecarias y del alquiler. Con esta colaboración “cualquier persona de los 135 municipios de Castellón podrá dirigirse a este servicio para exponer su problemática y encontrar soluciones consensuadas que eviten la pérdida de su lugar de residencia habitual”, ha informado el presidente de la institución, José Martí. Esta prestación será completamente gratuita.

La vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta, es una de las personas más involucradas en la puesta en práctica de este convenio “porque asumimos que el derecho a la vivienda es fundamental y lo tenemos que ejercer y proteger, como así lo marca la Constitución española”.

Con este objetivo, y el de concretar los últimos puntos del acuerdo, Puerta ha convocado esta semana en el Palau Provincial al decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata. La titular de Bienestar Social ha confirmado que la corporación provincial mantendrá su aportación de 12.000 euros, con lo que se sufragará parte del salario de los nueve letrados que ofrecerán su servicio de asistencia e intermediación profesional.

Profundizando al detalle en el convenio, cabe mencionar que los consistorios aportarán los locales donde se prestará dicho servicio y asumirán la cobertura administrativa de las funciones derivadas de la recepción de peticiones, la administración de las citas previas y la tramitación de comunicaciones y notificaciones, mientras que el Colegio de Abogados se hará cargo del asesoramiento jurídico y de mediación entre las personas deudoras y sus respectivas entidades acreedoras.

La firma del convenio de colaboración se efectuará lo largo de los próximos meses.

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