· “Los tribunales han puesto coto a las marrullerías del titular de Sanidad para que no sepamos cómo está hinchando los bolsillos de empresas en las que tiene intereses por vínculos familiares”, destaca la portavoz de Sanidad, Yaissel Sánchez

· Los socialistas solicitaron los pagos a cada una de las empresas privadas de sanidad por operaciones, pruebas y lectura de informes en 2024 y en 2025 y el conseller respondió con datos “por bienios” y parciales alegando que era “complejo”

· Tras la demanda registrada por el PSPV, Marciano Gómez remitió una “ampliación de información” en la que admitió que abonó 331 millones en el periodo 2024-2025 a clínicas y hospitales privados por operaciones y actividad no concertada

· El TSJ da un mes al conseller de la Sanidad para remitir la información al grupo socialista: “Es inadmisible e inconcebible que haya un solo euro de dinero público que el Consell de Pérez Llorca no quiera decir cómo y en qué bolsillo acaba”

· Yaissel Sánchez censura que el conseller “ejerza de agente comercial de la privada mientras abandona la sanidad pública con listas de espera desbocadas y hospitales que incluso dejan de atender a enfermos oncológicos por falta de médicos”

La portavoz de Sanidad del grupo socialista de las Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, ha revelado hoy que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por vulneración de derechos tras negarle información sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada en los ejercicios de 2024 y de 2025, los primeros años completos de gestion del Consell de Mazón y de Pérez Llorca. La condena, ha explicado la diputada socialista, da al conseller un plazo de un mes para que remita toda la información que se le solicitó y que negó al grupo socialista “con excusas grotescas, como que solo podía dar datos por bienios, una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de todos los valencianos y las valencianas para no cumplir con la ley y dar la información requerida”.

“Los tribunales han puesto coto a las marrullerías del titular de Sanidad para que los valencianos y valencianas no sepamos cómo está hinchando los bolsillos de empresas privadas de la sanidad en las que tiene intereses evidentes por vínculos familiares”, destaca Yaissel Sánchez, para quien “es inadmisible e inconcebible que haya un solo euro de dinero público que el Consell de Pérez Llorca no quiera decir cómo lo ha gastado y en qué bolsillos privados los ha metido”.

La portavoz de Sanidad del grupo socialista recordó que en febrero pasado registró varias solicitudades de documentación por la vía del artículo 12 del Reglamento de las Corts Valencianes dirigidas al conseller para que informara sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas en los ejercicios de 2024 y de 2025. La vía especial del artículo 12 del Reglamento de las Corts, norma “con rango de ley”, reconoce a los diputados el derecho a “recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático, de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma”.

Pese a ello, en una primera respuesta a principios de abril, el conseller negó la información sobre el dinero desembolsado por operaciones, pruebas e informes alegando que era “complejo” y solo ofrecía el listado de empresas privadas a las que había derivado radiologías y operaciones del Plan de Choque. Ni una sola cifra, ni total ni parcial, ni atendiendo a las obligaciones contraídas, ni siquiera a los pagos.

Ante esta situación, la diputada registró un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el conseller. Días después, sorprendentemente, Marciano Gómez remitió a la parlamentaria una “ampliación de información” en la que ahora sí ofrecía datos aunque “por bienios”, admitiendo que en el periodo 2024-2025 había desembolsado la friolera de 331 millones de euros a un conjunto de centros, clínicas y hospitales privados por operaciones dentro del Plan de Choque y actividad no concertada.

Antes de que la respuesta se remitiera a las Corts, la conselleria, actuando “con malas artes y una falta total de decoro parlamentario”, había filtrado a un medio estos datos y los del periodo 2022-2023 (que hasta junio de 2023 afectaría al anterior Consell del Botànic), convenientemente “cocinados” para minimizar el impacto de unas cifras que revelan el escandaloso desvío de fondos a la sanidad privada, particularmente en 2025. Ese mismo año de 2025, recuerda la diputada, es el ejercicio en el que Marciano Gómez, como denunció la Sindicatura, avaló una treintena de liquidaciones anuales en favor de las concesiones privadas de las áreas sanitarias mediante las que estas se ahorraron decenas de millones antes de que el Consell Jurídic dictaminara sobre el criterio seguido, que finalmente fue contrario a la actuación del Consell de Mazón.

“EL CONSELLER VULNERÓ LA CONSTITUCIÓN”

A la vista de estos hechos, la diputada formalizó el citado recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales ante el TSJCV. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado sentencia por la que estima la demanda presentada por la diputada socialista contra la respuesta del conseller Gómez, de forma que “se declara que la resolución impugnada es contraria al ordenamiento jurídico y se anula en lo relativo a no haberse facilitado la información solicitada separando los ejercicios de 2024 y 2025”. “Como consecuencia de la misma, se ha vulnerado el derecho fundamental de la actora recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española”.

En consecuencia, se reconoce el derecho de la parlamentaria a obtener de la Conselleria de Sanidad la información solicitada en las tres solicitudes de documentación referidas a las cantidades económica abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y la lectura e informes vinculados a éstas en los ejercicios de 2024 y de 2025, “a salvo de la imposibilidad material en algún concreto aspecto por razones técnicas debidamente motivadas”, frente a los argumentos del conseller que no acreditó esa imposibilidad. La respuesta ha de llegar “en el plazo máximo de un mes”.

LOS DATOS, CON UN CLIC

“La falta de transparencia de la Conselleria de Sanidad es tan evidente que al final el Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón y ha sentenciado las marrullerías del conseller de Sanidad con las derivaciones a las empresas privadas”, ha celebrado la diputada socialista Yaissel Sánchez, quien ha añadido que “ahora va a resultar que el señor Marciano Gómez es el único conseller en la historia de la Generalitat que no sepa que los ejercicios fiscales se separan por años”.

Y es que, como recuerda Sánchez, alegar que solo podía remitir datos “por bienios” carece de toda consistencia técnica, presupuestaria y contable, ya que “la totalidad de la actividad económico-financiera de la Generalitat se estructura por ejercicios anuales: presupuestos, liquidaciones, estabilidad presupuestaria, déficit, cuenta 413, obligaciones reconocidas, remanentes, límites de gasto o fiscalización externa. No existe en la contabilidad pública autonómica ninguna categoría ordinaria de gestión por bienios, sino que se trataba de una burda patraña”. “El Consell dispone de aplicaciones informáticas que, con un clic, permiten conocer todos los pagos realizados a cualquier empresa simplemente con poner el NIF”, recalca la portavoz de Sanidad en las Corts.

“QUE OPERARSE NO DEPENDA DE TU BOLSILLO”

Para Yaissel Sánchez, esta opacidad no es casual, sino que está “planificada para servir de agente comercial a las empresas privadas donde existen intereses familiares”. “Y mientras tanto, el deterioro que está sufriendo la sanidad pública es evidente, con el aumento de las listas de espera, con la falta de médicos, de enfermeras, de técnicos, de celadores e incluso de personal administrativo en todos los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana”.

En contraposición, “el sistema sanitario que defendemos es un modelo público, es un modelo igualitario, que apueste por la atención primaria, que acabe con la desesperación de los pacientes con las listas de espera y que blinde por ley que el acceso a la sanidad pública no dependa de tus ahorros o de tus ingresos personales para hacer frente a un problema de salud”, garantiza la diputada del PSPV-PSOE.