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El PSPV-PSOE denuncia que la subida del precio de la VPP aprobada por el Consell de Pérez Llorca obligará a las familias valencianas a pagar casi 900 euros al mes de hipoteca durante 25 años

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en Les Corts, María José Salvador advierte que a esa cuota hay que sumar los 46.224 euros de la entrada que no financia el banco, además de los impuestos y gastos de la compra.

Salvador exige al Consell que retire el este aumento porque “no sirve de nada construir vivienda si las familias valencianas no pueden comprarlas”

“El Partido Popular continúa pervirtiendo las políticas de vivienda pública en la Comunitat Valenciana. De hecho, ha incrementado dos veces en apenas dos años el precio de la vivienda protegida en nuestro territorio, subiendo el precio del módulo casi un 17% desde donde lo dejó el Consell del Botànic”, ha afirmado la diputada socialista.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en Les Corts, María José Salvador, ha denunciado que el nuevo precio de la vivienda de protección pública fijado por el Consell de Pérez Llorca convierte el acceso a una VPP en una operación económica inasumible para la mayoría de familias valencianas. “Estamos hablando de viviendas que deberían ser asequibles y que, sin embargo, obligan a asumir una hipoteca de casi 900 euros al mes durante 25 años”, ha señalado Salvador.

Con el nuevo módulo de 2.568 euros por metro cuadrado, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados alcanza un precio de 231.120 euros. Si el banco financia el 80% del valor, el préstamo hipotecario ascendería a 184.896 euros, mientras que la persona o familia compradora tendría que aportar los 46.224 euros restantes, además de los impuestos y gastos asociados a la adquisición

“Estamos hablando de que la cuota que tendrían que pagar las familias sería de casi 900 euros al mes durante 25 años para acceder a una vivienda que se supone que es protegida y asequible”, ha señalado Salvador, quien ha reclamado al Consell que explique cómo pretende que las familias trabajadoras puedan acceder a estas viviendas con este nivel de precios.

La dirigente socialista ha advertido además de que la cuota hipotecaria no es el único esfuerzo que debe asumir quien quiera comprar una de estas viviendas. “A esos casi 900 euros mensuales hay que sumar los 46.224 euros que no financia el banco, además de los impuestos y gastos de la compra. Por tanto, el problema no es únicamente la cuota mensual: es también la enorme barrera de entrada que está creando el Consell para acceder a una vivienda protegida”, ha explicado.

Para Salvador, estos datos evidencian que “el Consell está confundiendo vivienda protegida con vivienda cara”. “La vivienda pública tiene que servir para facilitar el acceso a quienes no pueden acceder al mercado libre. Si para comprar una VPP hay que asumir una hipoteca de casi 185.000 euros y pagar cerca de 900 euros cada mes durante 25 años y más de 77.600 euros de intereses, estamos ante una política que deja fuera precisamente a las personas que necesitan una vivienda asequible”, ha denunciado.

“No tiene ningún sentido que la respuesta del Consell al problema de la vivienda sea subir el precio de la vivienda protegida hasta hacerla inasequible”, ha afirmado la portavoz adjunta socialista, quien ha exigido a Pérez Llorca que “retire esta subida y vuelva a situar la vivienda protegida en el lugar que le corresponde: como una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda, no como una vivienda cara con una etiqueta de protección pública”.
Salvador ha insistido en que “aumentar el número de viviendas protegidas no resuelve el problema si esas viviendas no pueden ser compradas por las personas a las que están destinadas”.

“El Partido Popular continúa pervirtiendo las políticas de vivienda pública en la Comunitat Valenciana. De hecho, ha incrementado dos veces en apenas dos años el precio de la vivienda protegida en nuestro territorio, subiendo el precio del módulo casi un 17% desde donde lo dejó el Consell del Botànic”, ha afirmado la diputada socialista.

“El Partido Popular está abordando sistemáticamente la política de vivienda desde el negocio y no desde el derecho. Está pensando en los intereses de los constructores y no en los intereses de los valencianos y valencianas que necesitan una vivienda protegida. Y el resultado es evidente: hoy, en la Comunitat Valenciana, es más difícil acceder a una vivienda protegida que ayer. Precisamente para las personas que no pueden acceder a una vivienda libre y que necesitan que la Administración pública les ofrezca una alternativa asequible”, ha concluido Salvador.

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