El Ingreso Mínimo Vital llega en diciembre a 10.707 hogares de Castellón y beneficia a 34.350 personas

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado en el mes de diciembre a 10.707 hogares de la provincia de Castellón, en los que residen 34.350 personas, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el 70,8 % de los hogares beneficiarios residen menores de edad, lo que supone un total de 7.581 unidades familiares. La prestación continúa siendo una herramienta clave de apoyo a las familias más vulnerables y, especialmente, a la protección de la infancia.

La cuantía media por hogar se ha situado en 472,10 euros, lo que representa un incremento del 4,9 % respecto al año anterior. En conjunto, la Seguridad Social ha destinado 5,3 millones de euros en diciembre para garantizar esta ayuda en la provincia.

Un avance en derechos y protección social

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado la importancia del IMV como una medida aprobada en 2020 para garantizar unos ingresos mínimos a las personas que carecen de ellos, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

“El Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un gran avance en derechos y protección social para la ciudadanía en riesgo de exclusión. Es una herramienta eficaz para combatir la pobreza y la vulnerabilidad social y un apoyo fundamental para la protección de la infancia”, ha señalado García Valls.

Especial impacto en familias con menores

Actualmente, el 43,3 % de las personas beneficiarias del IMV son menores de edad, lo que se traduce en 14.920 niños, niñas y adolescentes protegidos en la provincia de Castellón.

De las 7.581 familias con menores que percibieron la ayuda en diciembre, 1.831 son familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres que asumen en solitario la crianza y los cuidados.

A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En diciembre, 7.764 hogares recibieron conjuntamente el IMV y el CAPI, con una ayuda media de 69,11 euros por menor y de 138,54 euros por hogar con menores.

Perfil de las personas beneficiarias

La edad media de las personas titulares del IMV en Castellón es de 45,74 años. Si se tiene en cuenta al conjunto de personas beneficiarias de las unidades de convivencia, la edad media se sitúa en 27,5 años, lo que evidencia el importante respaldo que supone esta prestación para la población joven en situación de vulnerabilidad.

Al cierre de 2025, había en la provincia 2.055 prestaciones activas más que el año anterior, lo que supone un incremento del 23,7 % en el número de hogares protegidos. En el último año, el número de beneficiarios ha aumentado en 6.533 personas.

Desde la puesta en marcha del IMV, 47.372 personas se han beneficiado de esta prestación en Castellón, de las cuales 21.783 han sido menores de edad.

Requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y es un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Entre los requisitos generales para solicitar el IMV se encuentran:

  • Haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.

  • Acreditar el domicilio mediante certificado de empadronamiento.

  • Justificar la unidad de convivencia con libro de familia, certificados del Registro Civil o datos padronales.

  • Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, sin ingresos o patrimonio suficientes.

El IMV es compatible con rentas del trabajo e incorpora incentivos para favorecer la inserción laboral.

Revalorización de la prestación en 2026

En 2026, la cuantía de las prestaciones en vigor se revalorizará un 11,4 %, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley que regula la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas. Esta medida da cumplimiento al Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, con el objetivo de garantizar prestaciones dignas y suficientes.

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