El Pleno ha acordado solicitar la convocatoria de la Comisión Mixta Paritaria de Transferencias en aplicación de la reciente Ley 3/2025, de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana
El Consell ha aprobado diversos acuerdos en materia de formación sanitaria y de reparación hidrólogico forestal en las riberas de los cauces afectados por la riada
El Pleno del Consell ha solicitado al Gobierno central que inicie la negociación para traspasar a la Generalitat las competencias en gestión del dominio público marítimo-terrestre tras la entrada en vigor de la Ley 3/2025, de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.
Así lo han manifestado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, tras la reunión de este martes en la que también se ha acordado solicitar al Gobierno de España la convocatoria de la Comisión Mixta Paritaria de Transferencias.
Martínez Mus ha explicado que se inicia este procedimiento de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 3/2025, norma publicada el pasado 26 de mayo y en vigor desde hace pocos días, “a través de la que se prioriza el uso racional de los recursos litorales, la preservación de los valores naturales y la calidad de vida de las poblaciones costeras”, ha señalado.
El conseller ha explicado que el objetivo es “hacer valer nuestro autogobierno y desarrollar una visión de futuro para el litoral valenciano”, y ha recordado que Galicia ya tiene una ley propia similar y que Cataluña, País Vasco y las comunidades insulares tienen las competencias que ahora desarrollará la Comunitat Valenciana.
“Todas las autorizaciones que tienen que ver con el litoral y los planes costeros de los ayuntamientos dependerán de la Generalitat ya que creemos que somos la administración más sensible a la realidad de nuestro territorio”, ha asegurado Martínez Mus.
Entre otros asuntos, el Consell también ha aprobado la concesión de una indemnización a una víctima del atentado perpetrado por ETA en Benidorm en julio de 2003, por los daños físicos y psíquicos sufridos. La ayuda asciende a 24.540 euros, cantidad que representa un incremento del 30 % sobre la indemnización estatal de 81.800 euros, en aplicación de lo previsto por la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.
La vicepresidenta Camarero ha explicado que esta indemniación se concede ahora porque existe un plazo de solicitud de un año desde la resolución de reconocimiento emitida por el Gobierno de España, hecho que se produjo en octubre de 2024.
Camarero ha señalado que “las víctimas del terrorismo siguen necesitando nuestra ayuda, nuestro reconocimiento y nuestro compromiso firme con la memoria y la justicia”, y ha vinculado este acuerdo “con el espíritu que inspira la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana”. En este sentido, ha expresado que “frente a quienes cuestionan esta norma, debemos recordar que su finalidad es ampliar la protección, dar cabida a más víctimas, incluyendo a las del terrorismo, ensanchando la memoria democrática y el alcance de la justicia”.
En la sesión ordinaria también se han aprobado cuatro convenios con universidades públicas para que el alumnado de Ciencias de la Salud puedan realizar prácticas clínicas, sanitarias y de salud pública en centros dependientes de la Conselleria. Estos convenios están dotados con 32,9 millones de euros (2025-2029), y beneficiarán a alumnos de la Universitat de València, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I.
Además, el Consell ha declarado la urgente ocupación de bienes para la desviación de una línea eléctrica mediante la eliminación de una torre de alta tensión, que se incluye en el proyecto de ampliación de la carretera CV-370 Vía Parque del Turia (tramo Manises-Riba-roja). Camarero ha indicado que “esta obra, con una inversión de 24,3 millones, mejorará la seguridad vial y la conectividad en un tramo de 2 kilómetros con un alto índice de accidentes”.
Durante la sesión extraordinaria del Pleno del Consell se ha autorizado un contrato de emergencia de un millón de euros para reparar los daños causados por las riadas de octubre de 2024 en las riberas de los cauces del Turia, Júcar y ramblas Poyo-Pozalet-Saleta. Estas actuaciones de restauración en materia forestal en las riberas son competencia autonómica, pese a que la competencia en los barrancos y en el dominio público hidráulico es de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
