La organización suministraba de forma coordinada el material necesario para la instalación y mantenimiento de plantaciones de marihuana a gran escala
Se han llevado a cabo trece registros en las provincias de Tarragona y Granada. Cuatro personas han sido detenidas y dos investigadas por estos hechos. Dos de ellas han ingresado en prisión
El flujo de caja de la trama empresarial ascendía a 80 millones de euros, mientras que la actividad económica declarada no llegaba a los 15 millones
La Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, en el marco de la operación “Krippy”, han desarticulado una organización criminal que operaba bajo otra trama empresarial dedicada a la venta de productos de growshop, pero que en realidad suministraba de forma coordinada el material necesario para la instalación y mantenimiento de plantaciones de marihuana a gran escala.
Cuatro personas han sido detenidas y dos investigadas por estos hechos. Dos de los detenidos han ingresado en prisión por ser los máximos responsables de la organización criminal investigada. Además, se ha decretado el cese de las actividades de las empresas y bloqueos de las cuentas bancarias y patrimonio de los mismos, valorado en unos 800.000 euros.
Se han llevado a cabo trece entradas y registros, doce de ellos en la provincia de Tarragona, concretamente en Tarragona, Torredembarra, Salou y Perafort; y uno en Peligros, Granada. En estos se han intervenido 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos (dos furgonetas, un turismo y una motocicleta), material tecnológico y numerosa documentación de interés para la investigación.
Gracias a esta operación se ha destapado que las empresas investigadas no solo comercializaban productos aislados, sino que ofrecían un servicio integral, suministrando todos los elementos necesarios para la instalación completa de cultivos ilegales de marihuana (iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilización y control ambiental), facilitando así la puesta en marcha y mantenimiento de las plantaciones.
Estructura y funcionamiento del entramado
La organización presentaba una estructura jerarquizada con un núcleo directivo encargado de la toma de decisiones estratégicas y la coordinación de las distintas sedes. Estas empresas, ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional, operaban de manera discreta, sin actividad comercial visible al público, funcionando habitualmente a puerta cerrada salvo en momentos puntuales de carga y descarga de mercancías.
La investigación ha permitido constatar que estas sociedades mercantiles, aparentemente independientes, funcionaban en realidad como una única estructura empresarial coordinada. Este entramado compartía recursos logísticos, operativos y comerciales, incluyendo plataformas de venta, gestión de personal y distribución de mercancía, actuando de forma unificada bajo una dirección común.
Aunque la actividad declarada era la venta mayorista a establecimientos, la investigación ha evidenciado una doble operativa diferenciada. Por un lado, la venta a otras empresas, con menor margen de beneficio y apariencia de legalidad, y, por otro, la venta directa a organizaciones criminales dedicadas al cultivo internacional de marihuana, con mayor rentabilidad económica y realizada al margen de los canales legales de facturación.
Estas ventas directas se efectuaban mayoritariamente en efectivo, sin emisión de factura, con el objetivo de evitar la trazabilidad de las operaciones.
Doble contabilidad y gestión del efectivo
Los agentes han acreditado la existencia de una doble contabilidad: una oficial, declarada ante la administración; y otra paralela, vinculada a los ingresos procedentes de las ventas ilícitas. Estas operaciones se realizaban mayoritariamente también en efectivo para evitar su trazabilidad.
El capital de la contabilidad paralela, ascendía aproximadamente a 13 millones de euros, era almacenado, contabilizado internamente y redistribuido dentro de la misma trama para hacer frente a pagos a proveedores y gastos personales, así como para introducirlo progresivamente en el circuito económico legal.
Durante el periodo investigado, las cuentas bancarias vinculadas a los principales responsables registraron movimientos de capital por un valor superior a los 80 millones de euros, mientras que la actividad económica declarada no llegaba a los 15 millones.
Además, la organización contaba con una filial en Alemania, desde la cual se replicaba la misma operativa ilícita. Esta delegación, estratégicamente ubicada, permitía ampliar el alcance de la actividad a nivel europeo y facilitaba la gestión de importantes volúmenes de efectivo, aprovechando particularidades normativas en materia de pagos.
Relación con clientes y logística encubierta
La organización implementaba medidas específicas para preservar la identidad de sus clientes, muchos de ellos vinculados a grandes plantaciones de marihuana. Entre estas medidas se incluían sistemas de entrega indirecta, ocultación de direcciones finales y uso de intermediarios para la recepción de mercancías.
Los responsables y empleados del entramado eran plenamente conscientes del destino ilícito del material suministrado, participando activamente en la gestión de pedidos, fijación de precios y logística de distribución.
En el operativo han participado agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Tarragona, del Servicio Cinológico, de la USECIC y patrullas territoriales de Tarragona y Granada.
Por parte de los Mossos d’Esquadra han intervenido agentes de la Divisió d’Investigació Criminal, de la Policía Científica, de la Unitat Canina, así como de unidades de Seguridad Ciudadana y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO).
