Salvador Aguilella, secretario general del PPCS, advierte que “el Consell del PP está aportando lo que el PSOE niega a nuestras familias. No pedimos privilegios, exigimos que cumplan la ley”
Las 20.675 familias con personas dependientes que residen en la provincia de Castellón reciben 165 millones de euros anuales. El 80% lo paga el Consell y Sánchez abona el 20% restante cuando está obligado por ley a pagar el 50% de las ayudas a la dependencia
“Las familias saben quién cumple. El PP gestiona, paga y amplía servicios. El PSOE no paga, nos discrimina y encima viene a intentar engañarnos” La realidad hoy es que “la gestión eficaz del PP procurado un incremento de más de 40.000 beneficiarios en la Comunitat Valenciana, 4.651 más en la provincia de Castellón. Seguimos trabajando por ellos”, afirma
El Partido Popular de la provincia de Castellón ha instado hoy a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, a que “en lugar de venir a Castellón a intentar engañarnos, vaya a Madrid a reclamar los más de 50 millones de euros anuales que el Gobierno de Pedro Sánchez está negando a las 20.675 familias con personas dependientes de la provincia”.
Así lo ha manifestado el secretario general del Partido Popular provincial, Salvador Aguilella, quien ha denunciado que la ministra y líder de los socialistas valencianos venga a Castellón “a mentir en materia de servicios sociales cuando es Pedro Sánchez el que niega los fondos que por ley está obligado a aportar a los dependientes”.
Actualmente, la atención a la dependencia en la provincia de Castellón supone 165 millones de euros anuales. De esa cantidad, la Generalitat asume el 80% y el Gobierno de Sánchez apenas aporta el 20%, cuando la ley obliga a un reparto del 50%. “Eso significa que Sánchez deja de pagar más de 50 millones de euros cada año a nuestros dependientes. Y ese agujero lo están cubriendo los valencianos con el esfuerzo del Consell”, ha explicado Aguilella.
Más gestión del PP, más personas atendidas
El rescate a los dependientes que el Consell de Juanfran Pérez Llorca garantiza ha permitido que en estos dos años de gobierno del Partido Popular al frente de la Generalitat Valenciana incremente el número de dependientes beneficiarios de ayudas. En la provincia de Castellón son 20.675 las familias beneficiarias, 4.651 más desde que gobierna el PP en el Consell. A nivel autonómico el aumento de beneficiarios ha supuesto la incorporación de más de 40.000 dependientes en estos dos años, lo que supone un incremento del 30% de ciudadanos atendidos.
“Las familias saben quién cumple. El PP gestiona, paga y amplía servicios. El PSOE no paga, nos discrimina y encima viene a intentar engañarnos” La realidad hoy es que “la gestión eficaz del PP procurado un incremento de muchos más beneficiarios en la Comunitat Valenciana y en provincia de Castellón. Seguimos trabajando por ellos”, afirma Aguilella.
“Que Morant defienda a Castellón, no a Sánchez”
Para Aguilella, “es inaceptable que Diana Morant defienda antes a Sánchez que a la provincia de Castellón. Ha venido a la provincia sin aportar ninguna solución y exigiendo que se recauden más impuestos, y diciendo que quiere volver al modelo social anterior en la Comunitat Valenciana, cuando había menos personas dependientes atendidas, había 18.000 personas en listas de espera, murieron 20.000 personas sin ser valoradas y cuando los ayuntamientos recibían 45,5 millones menos por parte del Consell para financiar los servicios sociales o cuando, en 8 años, construyeron 0 residencias para personas mayores”.
También ha calificado de “injustificable” la actitud de los alcaldes y portavoces socialistas, que votan en contra de solicitar el dinero de la dependencia para la provincia de Castellón en los ayuntamientos y ayer aplaudieron las mentiras de la representante de Sánchez.
Discriminación a la provincia
La Comunitat Valenciana y la provincia de Castellón son, además, uno de los territorios peor financiadas de España en dependencia, mientras que otras, como el País Vasco o Cataluña, han alcanzado ya acuerdos con el Estado para avanzar hacia el reparto 50/50 que marca la ley. “No pedimos nada extraordinario. Solo exigimos igualdad y que se cumpla la ley. Cada euro que Sánchez no paga es un derecho menos para nuestros mayores, nuestras personas con discapacidad y sus familias”, ha concluido.
